LLORENTE SÁNCHEZ-ARJONA, MERCEDES
La Administración de Justicia se ha visto arrollada por la pandemia: bien es cierto que contaba con una tÃmida legislación en materia de digitalización -concretamente, la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las TecnologÃas de la información y comunicación en la Administración de Justicia- pero esta normativa -resulta obvio- no fue suficiente para que, con el primer confinamiento delmalogrado estado de alarma, se viera obligada, nada menos que a cerrar sus puertas -a excepción de algunos servicios esenciales- con suspensión, incluso, de los plazos procesales.
